martes, 9 de diciembre de 2008

Triple crimen de General Rodríguez - Por Eugenia Poletti


Lo que comenzó como una investigación por la desaparición de tres personas, terminó en la búsqueda desenfrenada de datos que aclaren el crimen de tres empresarios farmacéuticos involucrados con el tráfico de drogas. Hay un juez con pedido de juicio político y tres policías bonaerenses sospechados de participar en el negocio

Una semana antes de morir Sebastián Forza, el empresario farmacéutico radicado en Pilar, sabía que lo iban a matar. Su asesinato, junto con el de Leopoldo Bina y Damián Ferrón, todos dedicados a la venta de medicamentos, desataron una usina de hipótesis y especulaciones que desembocaron en una investigación polémica. A casi seis meses del hallazgo de los cadáveres en una zanja del kilómetro 6 de la ruta 11 en General Rodríguez hay infinidad de sospechosos, un juez con pedido de juicio político y ningún culpable.
Con el desarrollo de las investigaciones en el marco del crimen organizado y la ruta de la efedrina, se supo que Sebastián Forza estaba implicado en el tráfico de efedrina para la producción de drogas de diseño. Que tenía una deuda millonaria que debía saldar con urgencia y que habría colaborado con la Oficina Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Los operativos policiales y la investigación del juez Federal de Campana, Federico Faggionatto Márquez continúan en la portada de los diarios, y como ellas los resultados de sus procedimientos son efímeros.

La fiscal nacional Cristina Caamaño, directora del Centro de Estudios de Ejecución Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), explicó a Informes que “ni el enjaulamiento ni la acción punitiva resuelven el delito, porque no existen condenas eternas, ni un sistema penal adecuado”. Caamaño destacó que las afirmaciones y acciones del gobierno que conduce Daniel Scioli, no obedecen a un plan programático para resolver el problema de la inseguridad, sino que “se actúa sobre la coyuntura para tranquilizar a la gente, decirles que se está haciendo algo cuando en realidad se trabaja sobre las consecuencias sin apuntar a las causas que son el fondo del problema”.
Especialistas del derecho y profesionales del ámbito judicial insistieron en remarcar que para solucionar el problema de la inseguridad no es necesario endurecer la legislación penal vigente, sino que basta con hacerla cumplir. La ministra de la Corte Suprema de Justicia, María del Carmen Argibay, sostuvo que “la sociedad es esquizofrénica. Tengo mucho miedo que en cualquier momento caigamos en linchamientos. Hay que tener en claro algo: los argentinos no queremos cumplir las normas".
La gestión de Scioli levantó, desde el primer momento, la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Pero el triple crimen de General Rodríguez desencadenó un escenario con el cual el Gobernador no contaba: crimen organizado y bandas narcotraficantes mexicanas, empresarios farmacéuticos vinculados a la venta ilegal de medicamentos y policías bonaerenses involucrados en la comercialización de precursores químicos para la fabricación de drogas de diseño.
El caso San Miguel
En un galpón instalado en la calle Illia al 2300, de San Miguel, frente a Campo de Mayo, en el noreste del Conurbano, un grupo de Federales montaba, desde hacía dos meses, una guardia constante y atenta. Un trabajo de inteligencia que incluía filmaciones y exploración cuidadosa del terreno y cuyo objetivo era atrapar a una banda narcotraficante de origen mexicano. Todo marchaba en orden hasta la tarde del 13 de noviembre.
Tres hombres llegaron hasta el galpón, se acercaron a la puerta, golpearon, y quien abrió el portón, los hizo pasar. Una situación normal si los hombres no hubieran sido policías de la bonaerense y el lugar al que entraban un depósito clandestino de estupefacientes. Quien salió del galpón a recibirlos no mostró signos de alarma, no se escucharon gritos ni disparos. Cuando los federales, que filmaban la escena desde una corta distancia, ingresaron al edificio el cuadro era surrealista.
Los tres policías estaban sentados en torno a una mesa y conversaban con los ocupantes del lugar (que luego se supo eran mexicanos), de una manera en la que conversan quienes comparten un código. Se conocían. En ese galpón los Federales encontraron y secuestraron 750 kilogramos de cocaína. El involucramiento de las autoridades de seguridad de la provincia en el almacenaje y comercialización de drogas era evidente.
Según se pudo constatar más tarde, dos de los hombres eran policías que trabajaban en el ministerio de Seguridad, que conduce Carlos Stornelli, y no existía ninguna orden de procedimiento oficial que explicara la presencia de los efectivos en el galpón. Aunque ellos argumentaron que estaban allí siguiendo la ruta de la efedrina que investiga Faggionatto Márquez, ni la jefatura regional especializada en narcotráfico, ni la justicia les había ordenado el procedimiento a los policías bonaerenses.
El tercer hombre era Alberto Molina, un comisario retirado que los acompañaba y que actualmente trabaja en una investigación paralela para la viuda de Damián Ferrón, una de las víctimas del triple crimen. Demasiada casualidad para ser cierta.
Los Federales detuvieron a los mexicanos, secuestraron la droga y escucharon las excusas de los policías. Ese día el Superintendente de la Dirección de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas, Norberto López Camelo, estuvo en el galpón y buscó limpiar a los hombres de Stornelli. Aseguró que se trató de un operativo en el confluyeron, por pistas diferentes, la federal y la bonaerense, ésta última siguiendo la ruta de la efedrina.
Hoy el juez federal Juan Manuel Culotta es quien investiga el proceder de los policías bonaerenses que fueron a un supuesto allanamiento cuya orden, firmada por Funggionato Márquez, llegó horas más tarde. Culotta inició una investigación sobre el personal bonaerense y su participación en el operativo, dijeron los voceros.

Juez bajo la lupa
El diputado peronista Carlos Kunkel y el senador radical, Ernesto Sanz, ambos miembros del Consejo de la Magistratura, pusieron en la mira a Funggionato Márquez y emitieron un pedido de juicio político para el juez. ”Obviamente que creímos que ameritaba la situación iniciar una investigación, de lo que surja de ella sacaremos nuestras conclusiones y las daremos a conocer a través de nuestros dictámenes”, aclaró Kunkel.
Días atrás el propio Funggionato Márquez había salido a explicar su situación: ”Hay denuncia, está firmada por el Senador Sanz y el Diputado Kunkel en orden a que se me pide explicaciones por presunto mal desempeño por el procedimiento llevado a cabo en San Miguel, en conjunto con el Dr. Culottta por el tema”.
En declaraciones radiales el Juez aclaraba: “Sé mi trabajo, he hecho mi trabajo, trabajo por mi País. Trabajo honestamente, no estoy en venta y no les tengo miedo ¿Está claro? Se lo digo a usted y se lo digo al resto. Hace 3 años que estoy acosado porque trabajo contra el narcotráfico”.Kunkel tomó rápidamente la posta y lanzó: “Para que Faggionato Márquez no tenga que andar haciendo operaciones mediáticas es que nosotros, el Consejero Ernesto Sanz que es Presidente del Bloque de Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical y yo que soy Consejero en representación de la Cámara de Diputados, hemos resuelto darle la oportunidad al juez para que dé las respuestas que considere oportunas en el marco de la investigación que hemos abierto en el Consejo de la Magistratura”.“Nosotros creemos que los Jueces tienen que expedirse a través de sus Sentencias y que los miembros del Consejo de la Magistratura tenemos que expedirnos pidiendo las informaciones y disponiendo las investigaciones que consideramos oportunas y luego a través de los dictámenes”, resolvió el diputado oficialista.

Operativo “Diciembre Blanco”
Se trata de un procedimiento iniciado hace 8 meses cuando se detectó que una organización de narcotraficantes, integrada por argentinos y colombianos, se disponía a embarcar a España un importante cargamento de cocaína.
En la última semana se lograron incautar unos 500 kilos de cocaína en dos depósitos de Avellaneda. El operativo estuvo a cargo de personal de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Según las estimaciones la droga secuestrada tendría un valor de 15 millones de euros, tomando como base que el precio de la cocaína España es de unos 30 mil euros el kilo.
Fuentes de la investigación explicaron que la cocaína era trasladada con un nuevo método de ocultamiento. Utilizaban placas de madera que tenían ente uno y dos centímetros de espesor, y la droga acondicionada en el medio de cada una de las placas.