miércoles, 31 de octubre de 2012

Una Fundación muy “Noble”

 Guillermo Moreno acusó públicamente al CEO de Clarin, Héctor
Magnetto 
, de extorsionar a jueces y fiscales. (Foto de archivo)

Por Jorge Déboli: Editor Periodístico; Secretario de la Comisión Federal Asesora (papel para diarios); integrante de la mesa coordinadora de la Coalición por una Comunicación Democrática

El monopolio mediático tiene razón cuando dice que el 7/D no va a pasar nada; como corresponde legalmente, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) deberá esperar hasta las dos primeras horas del día hábil siguiente -el lunes 10 de diciembre a las 9 hs-, para comenzar de oficio, con el proceso de adecuación -que claramente determina el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA)-, de la única corporación de medios (el Grupo Clarín), que hasta el momento no ha presentado un plan de adecuación.
Y todo indica que no lo va a hacer. Su historia de los últimos 35 años,  justamente desde que la Dictadura Cívico Militar que encabezaron José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla, le cedió (no se sabe a título de qué porque no existen recibos de pago)  parte del paquete accionario de la firma Papel Prensa (PP) propiedad de la familia Graiver, este grupo empresario se movió por un andarivel distinto al resto de los ciudadanos de a pié, basado en el poder que le otorgaba el manejo de la agenda periodística de la Argentina a través del alineamiento editorial que le posibilitaba la fabricación y distribución monopólica del papel para diarios, y la información que le brindaba la empresa Impripost -de su propiedad compartida en un 50 % con la firma Techint (http://goo.gl/B2Td9), con la impresión de los resúmenes de las tarjetas de crédito de todos los bancos.
El pasado 30 de agosto, en la sede de la propia empresa, frente a altos funcionarios de la misma, y con la presencia de editores de diarios de distintas provincias  que integran la Comisión Federal Asesora (CFA), de periodistas de diversos medios capitalinos, y ante las cámaras del programa “Bajada de Línea” que conduce el periodista Víctor Hugo Morales por canal 9 (http://www.youtube.com/watch?v=4ez2Z1KlRkE), el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, efectuó una grave denuncia: “José Pirilo, que estuvo sentado en este directorio porque representaba y era el dueño de La Razón, denunció en la Justicia Federal que el Sr. (Héctor) Magnetto extorsionaba a los jueces federales, haciéndose enviar un resumen de gastos de los jueces y fiscales que excedían sus ingresos mensuales”.
Denuncia pública
 “Después, -continúa el secretario de Comercio Interior-,  afirmaba que (Magnetto) se hacía mandar a un anónimo, citaba al fiscal o juez en cuestión le decía mire el anónimo que recibí, pero yo entiendo que una persona honorable como Ud.  no puede estar haciendo esto, el juez o el fiscal decía ´de ninguna manera` , y el hombre (Magnetto) decía, claro, a estos anónimos no se le puede hacer caso”.

Gastos administrativos
Como el motivo de la reunión en la sede capitalina de PP, entre sus gerentes y asesores contables, y la CFA,  era para discutir un aumento del precio del papel, que la firma había elevado a dicha comisión para su aprobación, y ésta no lo avaló dado el elevado nivel de gastos que presentaba la empresa productora de papel, muy por encima de la media que tienen firmas de similar envergadura, Moreno, al fundamentar ese excesivo nivel de gastos, se ocupó, entre otros, de mencionar las estructuras que presuntamente eran financiadas por PP.
Inteligencia
Al respecto, Moreno aseguró que: “la unidad de inteligencia que tenia (Papel Prensa), se dedicaba a investigar los ingresos de los jueces y fiscales federales y clink caja los guardaba, estaría incluidos (sus gastos) en el precio de venta del papel la unidad de inteligencia de PP. Esto lo tiene que investigar la justicia. La denuncia que estoy contando aquí, -afirmó Moreno-, la dijo ante el juez ¨ (José) Pirilo, y la firmó, después se murió, sorprendentemente”.
Además de la “Unidad de Inteligencia en el 7° piso, de este edificio”  (SIC); el secretario de Estado denunció el sueldo del gerente general de $ 133.000; sueldos de los niveles gerenciales de $ 80.000; alquiler por más de 30 años de varios pisos en el edificio de la calle Bartolomé Mitre al 700, pudiendo utilizar espacios que posee en la planta de San Pedro, así como otros de carácter financiero mal utilizados por PP. 
El que calla otorga
La exposición/denuncia del secretario, no mereció ninguna desmentida pública en ese momento por parte de los funcionarios de PP presentes, ni posterior, salvo la que este editor recibió del Sr. Eduardo Lomanto, en representación del diario La Nación, mediante una nota sin membrete y sin remitente, sólo con su firma y sello –que mucho se parecía a un apriete-, en la que niega que funcione o haya funcionado “una central de inteligencia del 7° piso del edificio de la calle Bartolomé Mitre 739, CABA, cuando no existen oficinas en dicho nivel, -pues el edificio tiene sólo 6 pisos-”.
Llama poderosamente la atención que una denuncia de tal envergadura y tamaño de escándalo hubiese provocado en un país como por ejemplo Inglaterra, como sí ocurrió allí con el caso de espionaje descubierto en el imperio mediático de Rupert Murdoch, que obligó a éste a cerrar el dominical News of the World , que cuenta con una tirada de 2,8 millones de ejemplares, la mayor del Reino Unido   (http://www.lanacion.com.ar/1387619-murdoch), aquí en la Argentina, los dos principales medios gráficos y a la vez los dos principales accionistas de PP, no hayan salido públicamente a desmentir  al secretario de Comercio Interior.
Tour “All inclusive”
Aunque sí esta semana salieron a desmentir la denuncia del Poder Ejecutivo contra el juez de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, Francisco Horacio de las Carreras, -que debe decidir sobre la constitucionalidad de dos artículos, de la Ley de SCA-,  tras detectar que el Grupo Clarín le obsequió el viaje a Miami.
El tour “all inclusive” del magistrado,  fue pagado por una “Fundación muy Noble”, tal el eufemismo que utilizan algunos editores de diarios alineados con el monopolio, cuando se refieren a una supuesta organización filontrópica que paga sus gastos de avión, alojamiento y comidas, cuando viajan desde o hacia el interior, para asistir a las Asambleas de Adepa, entidad que el Grupo Clarín hegemoniza desde septiembre de 2003, cuando fue desplazado de la Comisión Directiva y de la Junta de Directores el entonces subdirector de La Nación, Claudio Escribano.
Zozobra
Después del 10 de diciembre, y a pesar de la adecuación a la Ley de SCA, Clarín seguirá editando su diario, y con la cantidad de señales que quede operando, seguirá siendo el grupo de mayor peso mediático en la región metropolitana, pero se estarán escuchando y viendo, cientos de nuevas voces, entonces la balanza ya no estará tan inclinada.
Para el monopolio, la preocupación no es sólo ésta; la mayor amenaza se la provocan dos causas que avanzan en la Justicia: la denuncia por lavado y evasión que lleva adelante el juez Federal Sergio Torres, y que el periodista Jorge Lanata publicara en junio de 2008 en el diario Crítica (http://goo.gl/wNaVQ), y la de traspaso de las acciones de PP, caratulada como delito de Lesa Humanidad, que hace más de dos años se la sacan de encima los jueces en cuyos juzgados se radica, y que finalmente la Cámara de Casación Penal el 14/08/2012 ordenó a la Sala III que sin más trámite defina el Juez que finalmente la tramita (http://goo.gl/I9Dmj). Pasaron más de dos meses y dicha Sala aún no se expidió. La Corte de Justicia de la Nación debería observar estos comportamientos en bien del prestigio local e internacional que el máximo Tribunal se ganó durante estos años sosteniendo la actual doctrina respecto a los juicios por Delitos de Lesa Humanidad. 

domingo, 14 de octubre de 2012

Clarín, privatizador en las buenas y estatista en las malas


Por  Luis Lázzaro. Autor de La batalla de la comunicación

Uno de los errores no forzados de algunos comentaristas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual consiste en suponer que la adecuación de la estructura empresaria de Grupo Clarín, prevista para diciembre próximo, en virtud de la aplicación del artículo 161 de la Ley 26.522, consiste en un proceso de desinversión. El término oculta el sentido antimonopólico de los máximos de propiedad establecidos por la ley, pero también es engañoso porque presume un desarrollo productivo previo allí donde sólo hubo concentración empresaria con alto endeudamiento.
La fusión de las empresas Multicanal y Cablevisión (2006, más del 55 por ciento de los abonados) cerró un fenomenal proceso de concentración de mercado ocurrido en los ’90 vía la absorción de centenares de empresas de cable independientes al precio de un fuerte endeudamiento local e internacional. Tal proceso arrojó a miles de empleados a la calle –por aplicación del principio de sinergia empresaria en la administración y en la gestión del canal propio obligatorio– y también fue perjudicial para los usuarios, prisioneros de un sistema de prestador único con nombres diversos pero con facturación unificada, sin competencia en los precios y discrecionalidad en la grilla de contenidos.
No fue el mercado quien salvó al grupo de la debacle, pese a los 500 millones de dólares que puso Goldman Sachs a fines de los ’90. La secuencia mediante la cual el Congreso reformó la ley de quiebras para evitar el crawn down reclamado por el Fondo Monetario; los decretos orientados a compensar deudas privadas con el Estado mediante acciones o bonos, la pesificación asimétrica y, finalmente, la denominada ley de industrias culturales, hecha para impedir que los acreedores externos tomaran más del 30% de las acciones de la empresa, constituyeron un conjunto de medidas políticas y económicas orientadas a salvar –entre otros– a Clarín. A salvarlo del naufragio mediante la protección del Estado y la licuación de pasivos.
Con 22 pedidos de quiebra y deudas por 1.000 millones de dólares, el Grupo admitía en febrero de 2002 estar al borde de la bancarrota, mientras procuraba “protección judicial en un concurso preventivo”. El 60 por ciento de la deuda correspondía a financiamiento externo. La suma del blindaje ante los acreedores, la pesificación (que licuó el equivalente a unos 100 milones de dólares), la colocación de obligaciones negociables, y un acuerdo preventivo extrajudicial, sirvieron para salvar a Multicanal. El operador de cable pudo después sortear la ofensiva de los fondos buitres (W. Duff, Moneta, Eximius), que amenazaron con el copamiento empresario.
Favores
En la lógica corporativa, el Estado es un mero instrumento para los negocios. La prédica antiestatal, y a favor de la apertura y desregulación, que posibilitó el acceso a emisoras de radio y televisión con las leyes de privatización del menemismo, fue cambiada luego por una retórica nacionalista, que apelaba a la protección del Estado. Al comienzo fueron leyes y decretos de necesidad y urgencia para favorecer la concentración empresaria con endeudamiento interno y externo, (ciclo 1989-1997). Luego, en el período 2001-2003, las medidas aplaudidas eran impedir la quiebra y captura agresiva de la empresa vía regulaciones proteccionistas. El auxilio incluyó la supresión de venta de pliegos a nuevos competidores en televisión paga durante diez años por parte del viejo Comfer y el privilegio de mantener el cableado aéreo en los postes de la Ciudad de Buenos Aires. Esta trama, y no la virtuosidad económica, permitió la supervivencia del holding y la acumulación necesaria para ser el motor financiero del grupo de medios.
Monopolio
La empresa que hoy se postula como “protagonista de la convergencia” alcanzó la hegemonía en el cable y su sinergia con Internet (Fibertel) en 2006, al cabo de tortuosas negociaciones con varios de los protagonistas de los años ’90, como Hicks, Muse, Tate & Furst (HTMF). El costo de este proceso superó los 1.000 millones de dólares y fue el mexicano David Martínez (Fintech Advisory, 40 por ciento), quien logró desalojar a Liberty Global (Malone) de Cablevisión para cubrir la llegada de Clarín al “mayor operador latinoamericano” de servicios múltiples con la suma de Multicanal.
La fusión nunca tuvo la aprobación definitiva de la autoridad regulatoria en materia de concentración económica (CNDC) ni de su par en materia de radiodifusión, el entonces Comfer. La operación fue luego desestimada por ambos organismos, pero vale destacar que, antes del Dictamen 770/CNDC/SCI de fines de 2009, que ordenó desarmar la fusión, buena parte de las operaciones carecían de valor jurídico por infringir la vieja Ley 22.285, de radiodifusión, al exceder la cantidad de licencias del mismo grupo empresario en la misma localidad, lo cual sucedía en más de 20 ciudades con población superior a los 100.000 habitantes.
Pero hay más
Clarín y el banco JP Morgan fueron luego denunciados por la colocación fraudulenta de acciones sobrevaluadas a los fondos de jubilación, aún bajo el régimen privado de AFJP, por un monto de 500 millones de dólares. La Unidad de Información Financiera (UIF) constató “la manipulación de precios de las acciones” dado “que la empresa no brindó al mercado información exacta y veraz, lo cual resulta determinante para fijar el precio de las acciones, infringiendo el régimen de transparencia”. El ex operador financiero de JP Morgan, encargado de la cuenta de Clarín, Hernán Arbizu, denunció el ocultamiento de información vinculada con objeciones a la mega fusión empresaria.
Alejandra Gils Carbó, entonces fiscal de la Cámara Comercial, actual jefa de los fiscales federales, confirmó en ese momento la existencia de “información falsa y engañosa” sobre el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) de Cablevisión. Esta circunstancia fue ocultada a los tomadores de obligaciones negociables. El precio de las acciones se desplomó poco después de su colocación en Londres y Buenos Aires en 2007. Los ahorristas perdieron en pocos días las dos terceras partes de su inversión.
Posición dominante
Lo que se examina aquí, entonces, no es sólo la posición dominante en el mercado de un grupo que controla casi 500 empresas proveedoras de servicios múltiples (sobre 24 autorizadas por ley), que además tiene el monopolio exclusivo en buena parte de esas ciudades. Se trata también de cómo fue posible ese proceso. En todo el mundo existen leyes antitrust, pero la cuestión de fondo aquí no es la economía, es el derecho a no ser silenciados o manipulados por los dueños de las plataformas multimedia. Al igual que las regulaciones en Estados Unidos o Europa, la Ley 26.522 no considera la información y el acceso a bienes culturales como una simple transacción comercial. Por eso sigue vigente en EE.UU. la prohibición al periódico local de poseer el canal de televisión en la misma ciudad, y un conjunto de restricciones en la estructura horizontal y vertical de las corporaciones, además de los límites a la concentración del cable en el mismo porcentaje (35%) que en la Argentina.
Lo que hay que rescatar aquí es que la verdadera inversión, la de riesgo y de futuro, es la que hicieron los pioneros de la televisión por cable. El resto fue la concentración económica, en un modelo basado en la subordinación del Estado frente a las corporaciones.

sábado, 13 de octubre de 2012

Insubordinación y valor, para esquilmar al Estado


Por Jorge Déboli, secretario de la Comisión Federal Asesora (papel para diario); Vicepresidente de Cadypba; Proyecto Copla.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina, leyendo a Clarín que se distribuía gratuitamente  en la puerta del edificio Guardacostas. Foto Telam                    


Ni el fin de semana largo, ni la lluvia, el fútbol, o el bochorno de los Pumas, desactivó el conflicto en Prefectura y Gendarmería, aunque sí, lo “desescaló algo mediáticamente”, no porque al monopolio mediático ya no le interese su permanencia en las pantallas, sino porque a medida que se iban conociendo los pormenores que lo generaron, iban quedando en evidencia las empresas oligopólicas mediáticas, hoy muy cuestionadas por la sociedad civil cuya principal expresión se manifiesta a través de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), que integran por más de 300 organizaciones sociales.
Si bien la malintencionada y “negligente” liquidación de haberes en la Prefectura Naval Argentina, fue el principal causante del malestar en la fuerza que el pasado miércoles desembocó en la protesta frente al edificio Guardacostas, éste no fue el único motivo. Según una fuente confiable del ministerio de Seguridad, hubo otros factores que tienen su origen en el “congelamiento de los haberes de la Administración Pública Nacional a consecuencia de la aplicación de la ley de Emergencia Económica de 1993”, que incluyen “postergaciones, inequidades e irregularidades salariales en las Fuerzas de Seguridad” (FFSS).
De acuerdo con dicha fuente, “desde entonces los aumentos de costo de vida fueron compensados con incrementos salariales al personal en actividad tanto de las de las FFAA como de las FFSS, mediante la creación y/o el aumento de los valores de suplementos y compensaciones no remunerativas. O sea, con un costo fiscal menor en materia de cargas patronales”, es decir  hablando en criollo, se los pagan en negro.
El problema, se agravó ostensiblemente en los últimos diez años, en los que, el componente no remunerativo  de compensaciones y suplementos, que originariamente no superaban el 35 por ciento, en la actualidad, alcanza el 65 por ciento del ingreso, afectando “severamente el financiamiento del sistema previsional y de las Obras Sociales de las FFAA, a las que se hallan afiliados tanto el personal en actividad como en retiro de las FFSS, con la consecuente postergación de los haberes de retirados y pensionados”.

Industria en crecimiento
Este desbarajuste generado durante la década más infame del siglo XX que nos tocó vivir a los argentinos,  mientras se cerraban fábricas por la libre entrada de productos importados, crecía sí en forma exponencial, una industria muy próspera de aquella Argentina injusta que hoy el gobierno nacional busca revertir : la de la litigiosidad llevada adelante por una asociación “noc santa” entre estudios de abogados, jueces y personal de las áreas administrativas de las FFSS, que “terminó distorsionando la escala salarial, vertical y horizontalmente” de su personal.
Esta litigiosidad a la que se veía sometido el Estado argentino, implicaba además “costos elevadísimos en materia de honorarios, costas, tasas de justicia, intereses, a ser afrontados con el presupuesto de las FFSS”, donde, “al amparo de interpretaciones jurídicas exorbitantes—especialmente en la Gendarmería— las áreas de liquidaciones de haberes formulaban liquidaciones y pagaban salarios y haberes pasivos absolutamente desmedidos”, llegándose a liquidar incrementos de haberes en el período 2005/2010, de 800% en promedio.

País normal
A partir de la asunción del ex presidente Néstor Kirchner en 2003, esta problemática se empezó a atender, en contraste con la irresponsable actitud asumida por el gobierno de la Alianza y posteriormente por el presidente provisional, Eduardo Duhalde, de no hacer olas que agiten las aguas de las FFSS. 
Fue así que el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Hacienda y la Procuración del Tesoro abordaron  el tema, que derivó en el Decreto 1307 de este año, que tuvo por objeto regularizar la política de haberes de las Fuerzas de Seguridad, a partir de la jurisprudencia  sentada por la Corte Suprema de Justicia en los casos “Borejko”, 2011, y “Zannoti, 2012” y evitar así futuros litigios contra el Estado, mejorando al mismo tiempo los haberes de los que menos ganan.
En efecto, la regularización prevista en el decreto 1307 implica un aumento sustancial del sueldo anual complementario, y una forma de “desanudar el entramado judicial que existe detrás del cobro de haberes de integrantes de la FFSS”, poniendo fin de esta manera, a centenares de medidas cautelares y recursos de amparo que, durante años, generaron un sin número de inequidades. 
La trampa
Sin embargo, la implementación del decreto, maliciosamente interpretado, trajo como consecuencia la protesta que hoy perdura, ya por otras motivaciones. A pesar que el artículo 6° dice textualmente que ningún gendarme o prefecto podía percibir una remuneración inferior a la recibida con anterioridad a la aplicación del decreto, a la hora de retirar sus haberes de los cajeros, gendarmes y prefectos pasaron a percibir un salario de bolsillo menor al del mes anterior, a pesar que se les haya “regularizado” el haber, reivindicación permanente de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Para cortar por lo sano, la ministra Garré pasó a disponibilidad a 9 efectivos de Gendarmería e  intervino el área de asuntos jurídicos. También ordenó abrir sumarios confidenciales en Prefectura para identificar a los agresores de dos oficiales a la salida del Guardacostas. Mientras tanto, algunos insubordinados se radicalizan persistiendo en la “protesta”. Los monopolios mediáticos, verdaderos cánceres de la Argentina de hoy, azuzan internas dentro del gobierno, no para mejorar la gestión como debería ser, sino para desgastarlo con el fin de que termine antes de tiempo su mandato y poner fin así, a un gobierno que no le hizo asco a las condenas de los genocidas de la dictadura cívico-militar, al procesamiento de jerarcas sindicales,  como Pedraza y Zanola, de ex presidentes como Menen y De la Rúa, y de empresarios como Martínez de Hoz.