Insubordinación y valor, para esquilmar al Estado

Por Jorge Déboli, secretario de la Comisión Federal Asesora (papel para diario); Vicepresidente de Cadypba; Proyecto Copla.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina, leyendo a Clarín que se distribuía gratuitamente  en la puerta del edificio Guardacostas. Foto Telam                    

Ni el fin de semana largo, ni la lluvia, el fútbol, o el bochorno de los Pumas, desactivó el conflicto en Prefectura y Gendarmería, aunque sí, lo “desescaló algo mediáticamente”, no porque al monopolio mediático ya no le interese su permanencia en las pantallas, sino porque a medida que se iban conociendo los pormenores que lo generaron, iban quedando en evidencia las empresas oligopólicas mediáticas, hoy muy cuestionadas por la sociedad civil cuya principal expresión se manifiesta a través de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), que integran por más de 300 organizaciones sociales.

Si bien la malintencionada y “negligente” liquidación de haberes en la Prefectura Naval Argentina, fue el principal causante del malestar en la fuerza que el pasado miércoles desembocó en la protesta frente al edificio Guardacostas, éste no fue el único motivo. Según una fuente confiable del ministerio de Seguridad, hubo otros factores que tienen su origen en el “congelamiento de los haberes de la Administración Pública Nacional a consecuencia de la aplicación de la ley de Emergencia Económica de 1993”, que incluyen “postergaciones, inequidades e irregularidades salariales en las Fuerzas de Seguridad” (FFSS).

De acuerdo con dicha fuente, “desde entonces los aumentos de costo de vida fueron compensados con incrementos salariales al personal en actividad tanto de las de las FFAA como de las FFSS, mediante la creación y/o el aumento de los valores de suplementos y compensaciones no remunerativas. O sea, con un costo fiscal menor en materia de cargas patronales”, es decir  hablando en criollo, se los pagan en negro.

El problema, se agravó ostensiblemente en los últimos diez años, en los que, el componente no remunerativo  de compensaciones y suplementos, que originariamente no superaban el 35 por ciento, en la actualidad, alcanza el 65 por ciento del ingreso, afectando “severamente el financiamiento del sistema previsional y de las Obras Sociales de las FFAA, a las que se hallan afiliados tanto el personal en actividad como en retiro de las FFSS, con la consecuente postergación de los haberes de retirados y pensionados”.

Industria en crecimiento

Este desbarajuste generado durante la década más infame del siglo XX que nos tocó vivir a los argentinos,  mientras se cerraban fábricas por la libre entrada de productos importados, crecía sí en forma exponencial, una industria muy próspera de aquella Argentina injusta que hoy el gobierno nacional busca revertir : la de la litigiosidad llevada adelante por una asociación “noc santa” entre estudios de abogados, jueces y personal de las áreas administrativas de las FFSS, que “terminó distorsionando la escala salarial, vertical y horizontalmente” de su personal.

Esta litigiosidad a la que se veía sometido el Estado argentino, implicaba además “costos elevadísimos en materia de honorarios, costas, tasas de justicia, intereses, a ser afrontados con el presupuesto de las FFSS”, donde, “al amparo de interpretaciones jurídicas exorbitantes—especialmente en la Gendarmería— las áreas de liquidaciones de haberes formulaban liquidaciones y pagaban salarios y haberes pasivos absolutamente desmedidos”, llegándose a liquidar incrementos de haberes en el período 2005/2010, de 800% en promedio.

País normal

A partir de la asunción del ex presidente Néstor Kirchner en 2003, esta problemática se empezó a atender, en contraste con la irresponsable actitud asumida por el gobierno de la Alianza y posteriormente por el presidente provisional, Eduardo Duhalde, de no hacer olas que agiten las aguas de las FFSS. 

Fue así que el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Hacienda y la Procuración del Tesoro abordaron  el tema, que derivó en el Decreto 1307 de este año, que tuvo por objeto regularizar la política de haberes de las Fuerzas de Seguridad, a partir de la jurisprudencia  sentada por la Corte Suprema de Justicia en los casos “Borejko”, 2011, y “Zannoti, 2012” y evitar así futuros litigios contra el Estado, mejorando al mismo tiempo los haberes de los que menos ganan.

En efecto, la regularización prevista en el decreto 1307 implica un aumento sustancial del sueldo anual complementario, y una forma de “desanudar el entramado judicial que existe detrás del cobro de haberes de integrantes de la FFSS”, poniendo fin de esta manera, a centenares de medidas cautelares y recursos de amparo que, durante años, generaron un sin número de inequidades. 

La trampa

Sin embargo, la implementación del decreto, maliciosamente interpretado, trajo como consecuencia la protesta que hoy perdura, ya por otras motivaciones. A pesar que el artículo 6° dice textualmente que ningún gendarme o prefecto podía percibir una remuneración inferior a la recibida con anterioridad a la aplicación del decreto, a la hora de retirar sus haberes de los cajeros, gendarmes y prefectos pasaron a percibir un salario de bolsillo menor al del mes anterior, a pesar que se les haya “regularizado” el haber, reivindicación permanente de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Para cortar por lo sano, la ministra Garré pasó a disponibilidad a 9 efectivos de Gendarmería e  intervino el área de asuntos jurídicos. También ordenó abrir sumarios confidenciales en Prefectura para identificar a los agresores de dos oficiales a la salida del Guardacostas. Mientras tanto, algunos insubordinados se radicalizan persistiendo en la “protesta”. Los monopolios mediáticos, verdaderos cánceres de la Argentina de hoy, azuzan internas dentro del gobierno, no para mejorar la gestión como debería ser, sino para desgastarlo con el fin de que termine antes de tiempo su mandato y poner fin así, a un gobierno que no le hizo asco a las condenas de los genocidas de la dictadura cívico-militar, al procesamiento de jerarcas sindicales,  como Pedraza y Zanola, de ex presidentes como Menen y De la Rúa, y de empresarios como Martínez de Hoz.