En memoria de Roberto Miller, secretario general del SICA y militante de las libertades comunicacionales
Agradezco la posibilidad que se me brinda de fijar posición frente al tratamiento de los proyectos de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocidos como Ley de Medios o de Radiodifusión. Asumo esta posición frente a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en mi carácter de ciudadano argentino, como padre de familia, psicólogo, periodista, funcionario, pero fundamentalmente como militante de la comunicación y fundador de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Coherencia, convicción, paciencia y unidad son los rasgos distintivos de la coalición.
Esos atributos son los que permitieron que por primera vez desde la democracia recuperada en 1983, una propuesta realizada por un amplio acuerdo de la sociedad civil en torno a la comunicación alcanzara estatus de proyecto de ley asumido por sin mezquindades por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández.
La misma coalición reconoce en su construcción organizaciones que como FARCO (radios comunitarias) Corameco (radios PYMES) o la Cositmecos Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social redactaron textos de ley con diputados como Osvaldo Nemirovsci, Silvana Giudice, Margarita Stolbizer, Quique Paz, Claudio Lozano, Irma Parentella o Pino Solanas.
Cualquier funcionario o diputado debe responder al gobierno del que forma parte pero, fundamentalmente a las organizaciones de las que proviene y es en ese sentido que como integrante del gobierno kirchnerista puedo asumir esta ley sin ningún tipo de contradicción con las organizaciones que dieron origen a la ley. La política se ejerce por delegación y todos nos debemos a quienes representamos. Es por eso que apoyo y vengo a pedir apoyo a este proyecto: con convicción, por coherencia y en aras del respeto por las mayorías invisibilizadas por los grandes medios de comunicación.
Algunos diputados han preferido preparar ponencias para exponerlas en los medios en lugar de abrir negociaciones que enriquecieran el proyecto. En algunos casos están dispuestos a negar propuestas que hicieron públicas hasta hace no más de un mes atrás. A modo de informe quiero comentar que ningún funcionario del gobierno nacional me exigió ni tampoco trabó las acciones de difusión y esclarecimiento que junto a la Coalición realizamos durante el año 2008.
A partir del 16 de abril de ese año, momento en que la presidenta Cristina Fernández (en un acto de valentía nunca reconocido por los adversarios políticos) abrió el debate sobre un tema tabú en la Argentina, la regulación del sistema audiovisual de medios, la Coalición comenzó una tarea de concientización y esclarecimiento en la población.
Ya el 17 de abril la coalición se reunió con el presidente de la Comisión de Comunicación, Manuel Baladrón y a partir de allí comenzó un camino al que sólo se acercaron un puñado de diputados y senadores entre los que merecen destacarse, por no ser parte del oficialismo: Checha Merchan y Victoria Donda.
Durante 2008 se hicieron innumerables encuentros y debates y no hubo un solo mes que no computara alguna actividad sobre la ley. Los 21 Puntos recorrieron el país, fue una tarea militante que logró el apoyo de varios Concejos deliberantes y el voto de aprobación de las legislaturas de Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro.
La Coalición acudió a cuanto foro se la convocara desde La Quiaca a Río Gallegos, de Mendoza a Entre Ríos y Misiones en pueblos de miles de habitantes como en otros más pequeños como Tapalqué, quebrada de Humahuaca, Oberá o Pipinas, pasando por todas la capitales de provincias. Encuentros casi siempre invisibles para la mirada de los grandes medios. CGT y CTA estuvieron al frente de las convocatorias tanto como Abuelas, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS y organizaciones libres del pueblo.
La Asamblea Nacional de la Coalición reunida en el Congreso de la Nación en diciembre de 2008 resolvió que si hasta el mes de marzo de 2009 el ejecutivo nacional no presentaba un proyecto se daría a la tarea de redactar el propio. Los tiempos de la política nunca habían coincidido con los de la comunicación social y popular y la desconfianza, muchas veces, obligaba a tomar determinaciones propias.
Desde el 18 de marzo de 2009, día en que la presidenta Cristina Fernández presentó la propuesta de anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la coalición participó en todos los foros organizados por el COMFER pero además promovió cientos de encuentros en diversos lugares del país.
Junto a otros funcionarios especializados en el tema nos dimos a la tarea de promover debates en distintos estamentos del Estado. Así se concretaron diálogos abiertos con:
1. 400 jefes de las tres fuerzas armadas organizados por el Ministerio de Defensa
2. Encuentro con integrantes del cuerpo de carrera del Ministerio de Trabajo, con la participación de más de 100 personas.
3. Talleres con integrantes de la Secretaría de Agricultura del que participaron integrantes del SENASA; INTI, INTA, Prohuerta y Agricultura Familiar.
4. Coordinado por el Ministerio de Interior se disertó en los encuentros regionales organizados por la Federación de Bomberos Voluntarios en Córdoba, Mar del Plata y Santa FE.
5. Se convocó a un encuentro de Ley y Discapacidad del que participaron más de trescientas personas con capacidades diferentes donde se hicieron aportes al anteproyecto. Estuvo presente el diputado Claudio Morgado.
6. En Canal 7 y convocados por el Instituto de Investigación en Medios se realizó una
Sesión Extraordinaria del Foro de Jóvenes y Medios.
7. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor también organizó un taller de esclarecimiento.
8. El Instituto Nacional de Cinematografía impulsó encuentros de discusión y de divulgación y en todos los festivales de cine nacionales. Allí tomó cuerpo las correcciones que se alcanzaron al COMFER.
9. Desarrollo Social también abrió sus Programas para el debate del Anteproyecto con las organizaciones libres del pueblo.
10. El INAES y el INADI se hicieron cargo de abrir debates y discusiones sobre el anteproyecto con los sectores de la sociedad civil que coordinan.
Estos eventos surgieron de la demanda de funcionarios o cuadros intermedios de trabajadores del Estado que solicitaban esclarecimiento. El gobierno, en función de Estado, alentó y participó de los mismos con distintos cuadros técnicos de la comunicación, adhirieran o no al oficialismo. Esta breve síntesis que pongo en conocimiento de la Honorable Cámara es una muestra de cómo los Medios niegan las políticas de gestión gubernamental y en este caso queda claro el ocultamiento sistemático de este movimiento participativo y democrático.
Los diputados que hoy dicen que se necesita más tiempo para el debate no deberían caer en la trampa de una agenda que también los niega e invisibiliza. Cualquier diputado de Nación, con proyecto o no, podría haber promovido o participado de muchos de estos encuentros y muy pocos lo hicieron, por eso que resulta falaz el planteo de "express" con que quieren estigmatizar el tratamiento de este proyecto.
La agenda mediática
La posibilidad que tienen los medios de establecer agenda es muy importante, pero más grave es que desde una posición monopólica exijan a Estados, gobiernos y sociedad que su construcción discursiva sea aceptada como única verdad.
Mi participación en la construcción de sindicatos de trabajadores de la comunicación como UTPBA y Cositmecos me habilita a decir que desde esa posición siempre denunciamos lo peligroso que era para la continuidad de las fuentes de trabajo y la calidad del trabajo periodístico la concentración de los medios.
En 1985, desde la UTPBA alertamos la extorsión a la que eran sometidos los pequeños medios gráficos por el monopolio de Papel Prensa, en aquel entonces uno de los socios era el diario La Razón que luego de su quiebra fue absorbido por el Grupo Clarín.
Desde la Fatpren anticipábamos, a los trabajadores de prensa de las provincias, sobre peligro que entrañaba el avance de los diarios mal llamados nacionales sobre la prensa del Interior y la constitución de los multimedios monopólicos en cada provincia. El manejo del precio del papel achicó la cantidad y calidad de medios gráficos. A su tiempo luchamos por que no desaparecieran: Tiempo Argentino, La Razón, La Voz, Sur, Epoca o revistas como Esquiú, Humor, Anteojito y grandes editoriales gráficas.
La coherencia en la defensa de los medios nos permite decir que la acción estuvo dirigida a sostener la pluralidad de voces tratando de impedir el cierre de medios manejados por orientaciones políticas de derecha o izquierda y a promover el federalismo mediático como impulsa el proyecto oficial.
Desde la actividad sindical también bregamos por la defensa de las radios FM y cables de TV nacidos como alternativos, aunque en ellos no se aplicaran plenamente los convenios colectivos de trabajo. Privilegiamos una vez más la multiplicidad de voces por sobre interés personal o corporativo. Esas emisoras hace años que exigen legalidad, entre otras cosas, para poder avanzar en el encuadre de los miles de comunicadores que en ellas trabajan. Este proyecto viene a saldar esa cuenta pendiente de la democracia con los trabajadores de la comunicación.
Finalmente, como padre de familia y psicólogo impulso y reclamo una legislación de medios audiovisuales que, como plantea el proyecto, permita que la sociedad civil, integrando el órgano de aplicación, regule –por ejemplo– la existencia o no de una señal de cables para bebes. Las democracias más avanzadas impiden que haya canales de televisión especialmente dirigidos para menores de tres años. Y también regulan que no se incentive el consumismo en los niños impidiendo que sean sometidos a publicidades destinada a los mayores.
Así como reconocemos el daño que el hambre produce en la infancia, y luchamos por un Estado que impida que un niño muera por falta de alimentos, también debemos bregar por que: un aparato psíquico en construcción, no quede a expensas de los deseos que promueve una señal televisiva ante la que el niño está inerme.
Por el derecho de las minorías que los monopolios invisibilizan y niegan, contra todo tipo de discriminación social, cultural y económica, construyamos una sociedad del conocimiento con medios que informen, entretengan y formen en un marco de pluralidad y multiplicidad de voces.
