Frente a la discusión respecto de atrasar o no a después del 10 de diciembre la discusión del proyecto de Ley de servicios de Comunicación Audiovisual, el movimiento cooperativo manifestó su apoyo al inmediato tratamiento de la normativa que terminará con la nefasta ley de radiodifusión. La ponencia de la entidad madre del cooperativismo urbano argentino, Cooperar, estuvo a cargo de su presidente, Edgardo Form
Tal como lo expresara en un reciente comunicado la Confederación Cooperativa de la República Argentina, las entidades que integran el cooperativismo urbano de nuestro país, con una historia de más de un siglo y un aporte constante y creciente a la generación de bienes y servicios para sus asociados y la comunidad, apoyan el tratamiento del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentado al Honorable Congreso de la Nación, con el objeto de reemplazar a la ley vigente desde la última dictadura militar.
En ese sentido, cabe destacar especialmente el reconocimiento de la hasta hoy negada posibilidad de que tales prestaciones sean asumidas por las cooperativas y otras entidades de la economía social, superando así una arbitraria exclusión consagrada por la norma heredada del último gobierno de facto. Ha transcurrido un cuarto de siglo desde que recuperamos la vigencia de la Constitución Nacional, tiempo más que suficiente para diseñar un nuevo marco normativo que fije las pautas propias de la democracia y de los avances tecnológicos en materia de servicios de comunicación audiovisual.
Hemos dicho en reiteradas oportunidades que la vigencia de la norma fáctica sobre radiodifusión era una rémora de la última dictadura cívico-militar, al igual que la aún vigente Ley de Entidades Financieras. Por lo tanto, estamos hablando de dos grandes asignaturas pendientes de la democracia argentina. En virtud de lo expuesto, consideramos por demás oportuno el tratamiento del proyecto que nos ocupa durante el actual período legislativo.
A su vez, debemos señalar con énfasis que el sector de la economía solidaria, dentro del cual ocupan un espacio destacado las entidades cooperativas, se ha visto discriminado a lo largo de todos estos años, por la imposibilidad de disponer y gestionar medios de comunicación audiovisual. Es hora, por lo tanto, de que se reivindique el derecho a ejercer la libertad de expresión para nuestro movimiento, de modo que la redacción definitiva del proyecto de ley establezca con absoluta claridad que las cooperativas de todo tipo tienen precisamente el pleno derecho a participar en el segmento de las frecuencias que se otorguen al sector no lucrativo.
Este es el ámbito y la oportunidad para dejar expresa constancia de que las cooperativas no deben sufrir ningún tipo de discriminación. Asimismo, señalamos que las cooperativas cuyo objeto es la prestación de servicios públicos o esenciales, en modo alguno pueden calificarse de monopólicas, dado que se organizan a partir de la decisión voluntaria de los vecinos, para brindarse servicios de toda índole a sí mismo y a la comunidad en su conjunto.
El acto cooperativo, tal como lo especifica la Ley de Cooperativas, 20.337, constituye una categoría particular fundada en la solidaridad –esto es, la ayuda utua y el esfuerzo propio –, por lo cual es en esencia y por definición contrario a las conductas monopólicas.
Por otra parte, consideramos que las cooperativas de servicios públicos –eléctricas, telefónicas, de agua potable y redes cloacales– son las que están en mejores condiciones de brindar servicios de comunicación audiovisual por su capacidad inanciera, la infraestructura disponible, el compromiso con la comunidad, la experiencia de gestión y porque además revierten localmente los recursos que genera su actividad.
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