Durante la dictadura militar la policía bonaerense, a raíz de la impunidad con la que se manejaba, había sumado a los dos negocios ilícitos que históricamente controló (el juego clandestino y la prostitución), el secuestro extorsivo de supuestos subversivos y el saqueo de sus viviendas. No obstante, durante las administraciones de Alejandro Armendariz y de Antionio Cafiero al frente de la gobernación bonaerense hasta comienzos de los ‘90, este cuerpo de seguridad pudo ser controlado por las instituciones de la Democracia, aunque sin delegar su caja histórica.
Sin embargo, a partir de la administración duhaldista, con Pedro Klodzyck como jefe de “la mejor policía del mundo”, los negocios de la bonaerense, se ampliaron en el circuito comercial ilícito, al robo de coches para su posterior desguace y comercialización de autopartes, al secuestro extorsivo y el más jugoso y millonario de los negocios de mayor expansión durante la década menemista, el narcotráfico, cuyas recaudaciones les permitía “hacer una multimillonaria caja” que mejoraban ostensiblemente sus ingresos, además de repartir dividendos entre integrantes corruptos de las corporaciones política y judicial.
Memoria
Esta situación fue claramente denunciada por el entonces viceministro de Seguridad bonaerense, Marcelo Sain, cuando el ministro de Seguridad bonaerense era Juan Pablo Cafiero, y el gobernador era Felipe Solá, hoy socio de los empresarios “exitosos” de la segunda década infame, Francisco de Narváez y Mauricio Macri.
Saín, el mismo que le abrió la valija a Antonini Wilson cuando estaba al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ahora milita en la filas de sabbatelismo, cuyo líder, el ex jefe comunal de Morón y flamante diputado nacional, Martín Sabbatela cambió la historia de ese distrito del oeste del Gran Buenos Aires, gobernado en tiempos del menemato por el tristemente célebre Juan Carlos Rousselot.
En aquel momento, Sain hizo declaraciones explosivas sobre lo que muchos sabían (y saben) pero que nadie se anima a admitir públicamente y mucho menos denunciar: “lo producido por el narcotráfico, el secuestro extorsivo y el robo de autos, financia a la corporación política y judicial”.
Estas declaraciones fueron las que marcaron el final de Sain en la administración Solá. Ninguno lo respaldó. Ni el ministro Cafiero, ni el propio propio Gobernador, y menos aún “la confederación de punteros políticos”, integrada por los caciques del conurbano, que no le perdonaron semejante osadía.
Complot
Sin embargo, a poco que comenzaran su gestión, por agosto de 2002, Cafiero y Sain habían denunciado un complot contra la seguridad”, en el que mencionaban que distintos políticos hacían marketing del terror y las muertes para lograr pequeños réditos electorales.
Buena parte del gobierno nacional, legisladores duhaldistas e intendentes de la provincia de Buenos Aires salieron en ese momento con críticas durísimas contra los diagnósticos lanzados por ambos funcionarios.
Ahora, el actual ministro Stornelli, en un contexto muy diferente, de apoyo del Gobierno nacional y de intendentes del conurbano a la administración de Scioli, salió con una denuncia que parece un calco de aquella. Según consta en la misma, los hechos en los que fueron asesinadas las tres mujeres "podrían haber sido instigados por personal policial en actividad, en retiro o exonerados" en rechazo "a las modificaciones realizadas en la dirección provincial de delitos contra la propiedad automotor", que habrían "neutralizado" actividades delictivas.
Palanca en boludo
En su denuncia, Stornelli precisa que el modus operandi consistiría en "el reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria" para que cometan esos hechos violentos, con la policía poniendo “palanca en boludo”, es decir, “dejando hacer”.
El objetivo de esos crímenes, de acuerdo con la presentación del ministro de Seguridad, sería la de "provocar conmoción con el objetivo de desestabilizar" al gobierno de Scioli, casualmente coincidente con los dichos de Biolcatti: “en lugar de descabezar a la cúpula policial, habría descabezar a la gobernación”.
Con relación a las tres mujeres asesinadas, en los últimos días en determinadas zonas del Gran Buenos Aires, según la denuncia, no habrían sido elegidas "al voleo" sino seleccionadas por su perfil familiar y social, para generar conmoción y movilizar a la ciudadanía.
Stornelli habría obtenido la información de anónimos que llegaron a su escritorio.
Apoyo
Por si quedan dudas sobre el interés del gobierno nacional en apoyar al provincial en la lucha contra la inseguridad, el fiscal Romero, informó que está trabajando con la SIDE y el área de inteligencia de Gendarmería Nacional, en quienes se apoya para investigar los hechos, los que, de comprobarse, tendrían una gravedad institucional inusitada y derivaciones insospechadas por el común de la opinión pública.
A tono con su ministro, el gobernador de la provincia, Daniel Scioli al hablar en el acto aniversario de la policía provincial, afirmó que se encuentran "ante brutales crímenes que comparten características muy particulares". "Son episodios llamativos por la frecuencia en la que se dieron y especialmente porque las víctimas eran mujeres", dijo en referencia a los crímenes de la arquitecta y catequista Renata Toscano, en Quilmes; la docente Sandra Almirón, en Derqui; y la bioquímica Ana María Castro, en Lanús Oeste.
Las tres mujeres fueron asesinadas por delincuentes jóvenes que las asaltaron cuando estaban a bordo de sus autos y les dispararon a quemarropa con presuntos fines de robo, pero que sólo utilizaron los vehículos sustraídos, para huir de las escenas de los crímenes.
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