En otra semana de audiencias publicas para el debate del proyecto de ley de medios, constitucionalistas, representantes del sector gremial y de organizaciones de derechos humanos, apoyaron el proyecto pero con diferentes matices.
Mientras el oficialismo aspira llevar el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual la primera semana de octubre al recinto, el debate se sigue dando en comisiones.
Distintos abogados constitucionalistas coincidieron en las audiencias públicas con la necesidad de definir una nueva ley "que termine con la de la dictadura", aunque con distintos puntos de vistas
En este sentido, el constitucionalista Alberto González Arzac entendió que la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, que ahora analiza el Senado, "es perfectamente constitucional" y cuestionó a aquellos que "reclaman más tiempo" para debatirla porque -sostuvo- ya ha sido "considerada suficientemente esta ley como para seguir esperando".
"Así como fue superada la dictadura militar, hoy debe superarse la dictadura de los medios de comunicación, que hoy subsiste, y para lo cual esta ley nos da la posibilidad", aseveró Arzac.
"No cabe duda que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y hay que terminar con este monopolio", planteó el constitucionalista Arzac, quien hizo referencia al artículo 42 de la Constitución Nacional -que se refiere a la defensa de la competencia- y sostuvo que "bajo esa óptica" debe analizarse la norma.
En tanto, su colega Daniel Sabsay opinó que, "si bien el proyecto de ley resulta sumamente atractiva en cuanto a sus propósitos y sus enunciados generales, sin embargo los medios que se utilizan para propender a esos fines incurren en distintas contradicciones".
En este punto, el abogado criticó lo que a su criterio constituye un "excesivo poder otorgado al Poder Ejecutivo", como así también lo que entendió constituye una "violación a la propiedad privada", en referencia al proceso de desinversión de los actuales licenciatarios dispuesto por la norma.
"En este proyecto encontramos lados flacos que hacen a la seguridad jurídica, a la legalidad, y a la no discrecionalidad del poder político", señaló Sabsay, quien planteó la necesidad de que, paralelamente a esta norma, el Congreso debata una "ley de libre acceso a la información pública y de regulación de la pauta oficial de propaganda".
La semana de debate fue abierta por organismo de derechos humanos y representantes del sector gremial, que si bien expresaron su apoyo, algunos reclamaron modificaciones en los puntos polémicos.
Mientras el oficialismo aspira llevar el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual la primera semana de octubre al recinto, el debate se sigue dando en comisiones.
Distintos abogados constitucionalistas coincidieron en las audiencias públicas con la necesidad de definir una nueva ley "que termine con la de la dictadura", aunque con distintos puntos de vistas
En este sentido, el constitucionalista Alberto González Arzac entendió que la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, que ahora analiza el Senado, "es perfectamente constitucional" y cuestionó a aquellos que "reclaman más tiempo" para debatirla porque -sostuvo- ya ha sido "considerada suficientemente esta ley como para seguir esperando".
"Así como fue superada la dictadura militar, hoy debe superarse la dictadura de los medios de comunicación, que hoy subsiste, y para lo cual esta ley nos da la posibilidad", aseveró Arzac.
"No cabe duda que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y hay que terminar con este monopolio", planteó el constitucionalista Arzac, quien hizo referencia al artículo 42 de la Constitución Nacional -que se refiere a la defensa de la competencia- y sostuvo que "bajo esa óptica" debe analizarse la norma.
En tanto, su colega Daniel Sabsay opinó que, "si bien el proyecto de ley resulta sumamente atractiva en cuanto a sus propósitos y sus enunciados generales, sin embargo los medios que se utilizan para propender a esos fines incurren en distintas contradicciones".
En este punto, el abogado criticó lo que a su criterio constituye un "excesivo poder otorgado al Poder Ejecutivo", como así también lo que entendió constituye una "violación a la propiedad privada", en referencia al proceso de desinversión de los actuales licenciatarios dispuesto por la norma.
"En este proyecto encontramos lados flacos que hacen a la seguridad jurídica, a la legalidad, y a la no discrecionalidad del poder político", señaló Sabsay, quien planteó la necesidad de que, paralelamente a esta norma, el Congreso debata una "ley de libre acceso a la información pública y de regulación de la pauta oficial de propaganda".
La semana de debate fue abierta por organismo de derechos humanos y representantes del sector gremial, que si bien expresaron su apoyo, algunos reclamaron modificaciones en los puntos polémicos.
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