Con pocas luces y en su propia trampa

Por Jorge Déboli. Editor periodístico; vicepresidente de la Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la Provinciade Buenos Aires (Cadypba); Secretario de la Comisión Federal Asesora (papel para diarios).

Ante la proximidad de otro seguro revés judicial en su intento de ganar un poco de más de tiempo para que no se aplique el artículo 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) (http://goo.gl/ABNls), el monopolio mediático trata de evitar el desbande de su desmoralizada tropa que, desgastada por lo que significó durante los últimos tres años la difícil tarea de argumentar  la insconstitucionalidad de una norma similar a las que rigen en EEUU y Gran Bretaña, empieza a olfatear que está entrando agua al barco y busca el mejor tirante para salvarse de un naufragio seguro.

Cuando faltan apenas diez días para que finalice la medida cautelar que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo de mayo pasado, por la plena aplicación de la ley de SCA (http://goo.gl/g570M), ahora resulta que los campeones de la libertad de expresión, aprietan penalmente por "incitación a la violencia y coacción agravada", a periodistas, militantes y funcionarios que se vienen pronunciando por su desapego a la ley.
Incognita
¿Que dirá Adepa respecto de su principal asociado con esta persecución penal a periodistas que hacen públicas sus ideas y pensamientos?
¿Qué podrá decir la entidad presidida por el principal gerente del grupo mediático, en la empresa editora comprada por el monopolio durante la fiesta de los ’90,  a través de la Compañía Inversora de Medios de Comunicación SA (Cimeco)?. (http://goo.gl/jnNW3).
Consultados por quien firma esta nota, algunos socios de la entidad que por ahora permanecen como tales pero tienen una mirada crítica hacia el monopolio, coincidieron en señalar que “cometieron un grave error al atacar a periodistas que opinan”,  u otros no tan críticos admitieron que ”es una señal de debilidad del grupo que tiene por finalidad amedrentar a otros periodistas para que no lo critiquen más” (al grupo Clarín).
Defensa
Para defender un precepto básico de la Democracia, como lo es la Libertad de Expresión, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),  ahora asume la defensa de los reconocidos periodistas, Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone, denunciados penalmente por el Grupo Clarin por hacer públicas sus opiniones, a las que este monopolio mediático pretende disfrazar de “incitación a la violencia”. (http://goo.gl/gmT8D).
Factor de Poder
El CELS ya había representado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a los periodistas Eduardo Kimel (fallecido) y Héctor D´Amico (actual Secretario de Redacción del diario La Nación), y al Director del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, en causas penales por calumnias e injurias iniciadas en los ´90 por funcionarios menemistas y un juez del Poder Judicial.
Sin embargo, el CELS  no le había tocado como ahora, defender a colegas denunciados penalmente por un factor de poder privado, como lo es el Grupo Clarín,  dado que, “no es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado", ya que "para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión", sostiene la entidad defensora de los Derechos Humanos.
Calumnias e Injurias
La Organización No Gubernamental  que preside el periodista Horacio Verbitsky, señaló que "como han sido suprimidas las figuras de calumnias e injurias (http://goo.gl/L3K36) en un caso de ostensible interés público, acuden (el grupo Clarín) a dos tipos del Código Penal que no fueron concebidos para reprimir el pensamiento y la expresión, lo cual resalta el absurdo de la intención persecutoria", por parte del grupo monopólico mediático.
La acción penal, por el supuesto delito de incitar "a la violencia colectiva" contra sus directivos, el grupo Clarín también involucra a funcionarios del Gobierno Nacional como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, los legisladores porteños del FpV, Juan Cabandié, y el diputado nacional Edgardo Depetri También la acusación alcanza a La Cámpora, al Frente Transversal y al Movimiento Evita.
K demonizada
Inclusiones que sólo obedecen al hecho de  que la persecución penal del grupo no quede expuesta sólo apuntando a representantes de la prensa. De esta manera, pone a todos, periodistas, funcionarios y militantes políticos, dentro de la demonizada sigla K, campaña inteligentemente pergeñada por el monopolio mediático y difundida por la cadena nacional privada desde aquel 10 de diciembre de 2007, cuando asumió la actual presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Vacio de Poder
Cuando la Dictadura Cívico Militar en 1982  tomó la irresponsable decisión de declararle la guerra a la primera potencia de la OTAN, en su intento de perpetuarse en el poder, luego de sufrir en el campo de batalla la peor de las derrotas militares que sufrió nuestro país, terminó su ciclo de varias décadas como Partido Militar hegemónico en la política argentina.
Ese vacío que dejó la Dictadura, las instituciones de la Democracia no lo ocuparon plenamente, aunque sí supo hacerlo, el grupo que monopolizaba la fabricación y distribución del papel para diario, que ese año (1982) conformó la agencia Diarios y Noticias (DyN) (http://goo.gl/kwe0E) controlada por Clarín (40%) y La Nación (40%). El 20 % restante se repartió entre 18 diarios del interior, que como socios minoritarios del grupo, conseguían el papel en cantidad suficiente  y a precio “competitivo”.
Agenda única
De esta forma, mediante un acuerdo de editar cables de Política y Economía sólo de esta agencia a cambio del papel, el monopolio supo imponer su agenda de temas en los medios de comunicación de la Argentina, por los cuales todos los argentinos diariamente debíamos preocuparnos. Un verdadero poder fáctico “garante de la gobernabilidad”,  que reemplazó al que ejercía la Dictadura, poniendo y sacando presidentes, ministros,  legisladores y magistrados, según requería la marcha de los negocios que emprendía. El famoso Cuarto Poder le dicen. Imperio que ahora, en su decadencia, sólo atina a dar golpes retardatarios para permitir una retirada más ordenada, a la espera de algún milagro que lo salve de la derrota a la que su otrora genio de los negocios, en su impune avance contra las instituciones, los arrastró.