Por Jorge
Déboli, editor periodístico; secretario de la Comisión Federal Asesora (papel
prensa); vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de
la Provincia de Buenos Aires (Cadypba); miembro de la Mesa Nacional de
Coordinación de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).
El
inicio de la gestión de gobierno de Cristina, la cosa ya fue distinta. La
primera operación en su contra, la valija de Antonini Wilson, fue dar vuelta un
hecho positivo presentándolo como escándalo, que sin duda tuvo mucho éxito por
su repercusión y duración en el tiempo, al que sin solución de continuidad, le
siguió el conflicto por la 125, que de acuerdo a un ex presidente de la
Comisión de Libertad de Prensa de Adepa, “si no fuera por Clarín y La Nación,
este conflicto no dura más de dos días”.
En
efecto, la famosa valija que Antonini intentó ingresar por Ezeiza con 800 mil
dólares sin declararlos, y que fue obligado a abrirla por la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, que en esos momentos conducía el incorruptible Marcelo
Sain, en lugar de destacar un hecho inédito en la política argentina, fue
caracterizado por el monopolio mediático como un escándalo. En todo caso, el
escándalo hubiese significado los 90 mil dólares que el funcionario Claudio
Uberti pagó por el alquiler del avión que lo trajo de Venezuela, y en el que
también venía Wilson, pudiendo hacerlo en un avión de línea por poco más de mil
dólares.
Asi,
desde entonces, este gobierno viene soportando una tras otra operaciones de
prensa con el propósito de desgastarlo, pero que, objetivamente, sólo han
logrado fortalecerlo.
Pérdida de credibilidad
El
que sí ha pagado un costo tremendo, no sólo político, sino concretamente
económico, es el propio Grupo Clarín tal como dio a conocer en la última
asamblea de accionistas, el representante de las acciones que el Estado
argentino tiene en esa corporación, el secretario de Comercio, Guillermo
Moreno. Otro dato significativo que de alguna manera muestra la evolución y
posicionamiento de este monopolio, son las estadísticas publicadas por el
Instituto Verificador de Circulaciones,
cuya auditoría entre diciembre de 2007 y enero de 2013 verificó una
caída de las ventas del diario Clarín en todos los puntos de venta (quioscos)
de la Argentina, del 43 por ciento. Claro, que para la tribuna, esa caída la
“compensan” con la venta en bloque de los diarios que ya no se venden en los
quioscos, a bancos (que lo obsequian con sus tarjetas) y a Papel Prensa para
elaborar pasta reciclada.
El tiempo pasa
Ya
pasaron cinco años. No es poco tiempo para cualquier grupo económico que enfrenta a un gobierno ungido por la
expresión mayoritaria del pueblo argentino, el primero en doscientos años de
historia que verifica una década de crecimiento sostenido, y el primero que con
éxito se sobrepone a campañas destituyentes conducidas por la corporación
mediática y ejecutadas por sus gerentes en el Congreso Nacional y por
conspicuos dirigentes de los sectores rurales, empresarios y sindicales.
En
las últimas semanas las operaciones se han multiplicado y perfeccionado en su
articulación, por parte de los medios oligopolios perjudicados por el modelo de
crecimiento e inclusión que se lleva adelante desde 2003. Es que el tiempo se
les acaba para provocar un cambio sustancial en la composición de ambas cámaras
del Congreso Nacional. Las PASO de agosto son mañana, y las generales de
octubre, pasado mañana.
El tiro por la culata
Mientras
tanto, una de las operaciones de prensa
que disparó el monopolio en el último mes, la denuncia de Jorge Lanata,
que involucra a varios personajes de la farándula como testaferros y lavadores
de dinero del empresario Lázaro Baez, logró que un fiscal la tomara y comience
a investigar, como corresponde.
Paradógicamente,
esta denuncia, destapó otra que estaba cajoneada, y que el propio Lanata
publicó en el diario Crítica de la Argentina en 2008, y en la que están
señalados en operaciones de lavado y evasión cientos de empresarios argentinos,
con los directivos del monopolio mediático a la cabeza.
Morgangate
Dicha
denuncia, data de junio de 2008, cuando el vicepresidente de la JP Morgan,
Hernán Arbizu, se presentó en el juzgado penal económico que encabeza el Juez
Sergio Torres, con cientos de carpetas pertenecientes a empresarios argentinos,
que según sus dichos, habrían evadido y lavado dinero, mediante transferencias
a una banca austríaca, al tiempo que se autoincriminó como autor de esas
maniobras.
La
causa, titulada por Lanata “Morgangate”, ahora reactivada por la denuncia más reciente, pero también impulsada por el
titular de la UIF, José Sbatella, quien logró luego de cuatro años que la
Justicia lo acepte como querellante, ya reveló, según Tiempo Argentina, una
cantidad de empresas propiedad de los principales accionistas del Grupo Clarín
en Panamá, que no figuran en sus declaraciones juradas.
Aquella
nota firmada por el propio Lanata cuando todavía hacía periodismo, se destaca
por la forma que describe el allanamiento de las oficinas en el edificio
Catalinas de Buenos Aires, de la banca más importante del mundo; nota memorable
a la que le dedicó la tapa y cuatro páginas completas, y en la que figura un
listado de los presuntos lavadores. Dicho artículo aún se puede visualizar en
el sitio: http://goo.gl/EjKND.
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